Capítulo 5: Nuevos esquemas de desarrollo económico y empresarial en el marco de la economía global : Gestión del derecho humano al agua en el marco de la Agenda 2030 en México, revisión del gasto 2018 –2024 (Entre ciencia y humanidades: Traspasando las fronteras del conocimiento para la atención de problemáticas actuales, 2024)
Este capítulo destaca estudios hidrológicos y protección de mantos, cuencas, tratamiento y reutilización de aguas residuales, contaminación, acceso y democratización. Por lo tanto, es además de amplio, trascendente. También se circunscribe al ámbito constitucional y legal, para después, presentar gráfica y objetivamente, los recursos presupuestales que fueron destinados a este rubro resaltado en el Objetivo 6 “Agua limpia y saneamiento” de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el lapso 2018-2024, corroborable en los concernientes Presupuestos de Egresos de la Federación. En el presente siglo, las preocupaciones sociales por cuidar el medio ambiente y paliar sus efectos nocivos, ha hecho que se eleve a derecho humano esta responsabilidad y se garantice constitucionalmente su cumplimiento. A nivel internacional, México suscribió el compromiso de acatar y cumplir los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible, legislando y comprometiendo recursos fiscales a ese destino. Por la relevancia que actualmente tiene el ODS 6 “Agua limpia y saneamiento” en el contexto actual, se planteó un estudio cualitativo con un diseño descriptivo longitudinal e inductivo, para comprender las razones o causas que subyacen a la problemática que representa la gestión del agua. Por la naturaleza del estudio se empleó el análisis de documentos como técnica principal para la recolección de información. Se abordaron las indispensables referencias constitucionales y legales relativas a la gestión del agua, así como datos de la plataforma de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estos datos permitieron analizar la realidad presupuestal en los hechos. Al efecto, se muestra información oficial, pública, verificable, comprobable e incontrovertible, que permitió concluir si en efecto, se está o no atendiendo la obligación del Estado en cuanto a la gestión del agua.