Los fondos federales y la educación: Análisis del FAM en las UPES (2000-2015) (2019)
Los gobiernos, en cualquier lugar del mundo, necesitan de recursos financieros para lograr sus objetivos de atención y salvaguarda del pueblo al cual dirigen, por lo que es necesario que establezcan lineamientos para la recaudación y aplicación de dichos recursos.En nuestro país, estos lineamientos están regidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 31, fracción IV, en donde, explicado brevemente, se establece que todos los mexicanos tenemos la obligación de contribuir al gasto público, tanto de la Federación, como del Estado y Municipio en el que residan, de manera proporcional y equitativa, es decir, se genera una recaudación con ingresos provenientes de diferentes contribuciones, además de aplicarse en el cumplimiento del gasto público.Con base en esto, el gobierno elabora planes y programas para determinar dónde se van a generar los recursos y en qué se aplicarán, todo a través de presupuestos, es decir, con la cuantificación de esos planes y programas, los cuales requieren de un manejo y control estricto para cumplir con la ciudadanía, con transparencia en la información que se suministra; todo esto referente a la administración de los recursos públicos federales, que de acuerdo con el artículo 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (2015), debe cumplir con los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género; en el caso de esta investigación, se analizó la administración respecto al gasto público del ramo 33, en particular, el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en las entidades federativas, en la parte correspondiente a la infraestructura educativa en la educación superior, con la finalidad de establecer las diferencias generadas antes y después de la aplicación de la fórmula correspondiente, la cual permite una asignación más equilibrada tomando en cuenta indicadores como el cumplimiento de avances y la matrícula en las Universidades Públicas Estatales (UPES), durante el periodo 2000-2015.