1. La función estatal del Instituto Nacional Electoral y su contribución a la democracia. Los retos que enfrenta

El reporte de la investigación documental y bibliográfica, así como las reflexiones a que dicha investigación me conduce, tienen un destino peculiar: se trata de un ensayo que habrá de ser calificado por el Comité Técnico de Evaluación integrado conforme a lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como un órgano auxiliar -pretendidamente de la sociedad civil- de la función legislativa, en el procedimiento de selección de los integrantes del órgano superior de dirección de la autoridad electoral administrativa, el Instituto Nacional Electoral. Se trata de esta manera de contribuir a asegurar la mayor objetividad, profesionalismo e imparcialidad en la selección y designación de los integrantes de dicho órgano superior de dirección.
El procedimiento tan elaborado hasta llegar a la situación actual para tales designaciones, responde a una larga evolución que va de la mano con la llamada transición mexicana a la democracia, iniciada según algunos a partir de la reforma constitucional de 1977 hasta la más reciente de 2014 -aunque para algunos dicha transición haya culminado con la reforma de 1996, mismas que necesariamente -aunque de manera sumaria- tendrán que ser descritas en este trabajo pues constituyen la clave para la comprensión de los retos a analizar.
Ciertamente, el destino de este ensayo es peculiar porque de alguna manera evalúa el trabajo de los evaluadores, toda vez que, como consecuencia del título y propósito del ensayo, sostengo que el primer reto que enfrenta el Instituto Nacional Electoral para que su contribución a la democracia mexicana sea efectiva, estriba justamente en la culminación exitosa de este proceso de selección de cuatro nuevos consejeros electorales. Más aún, si se tienen en cuenta procesos políticos y judiciales simultáneos -a los que me referiré más adelante-; uno de los cuales -y no el menor, por cierto- es la reciente ratificación del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral por un nuevo periodo de seis años.
Pero no es el único reto, desde luego, hay varios más a los que igualmente aludiré, pero cuya solución democrática en buena medida dependerá de la autonomía e independencia, así como de la visión de Estado muy por encima de los intereses partidista inmediatos, que puedan tener los cuatro consejeros y consejeras que serán designados al finalizar este procedimiento.